Respuesta breve

En dos investigaciones distintas, una en Guayaquil y otra en La Prosperina, la Policía y la Fiscalía detectaron que la información íntima de las víctimas —conocida por allegados o personas del entorno— fue usada para extorsionarlas. Tras pagos parciales y denuncias, las autoridades capturaron a cuatro sospechosos y un juez ordenó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Qué ocurrió: resumen de los hechos

El primer episodio comenzó el 3 de noviembre de 2026, cuando un hombre empezó a recibir llamadas y mensajes en los que le exigían 100 dólares a cambio de no agredir a sus hijos. Los remitentes afirmaban conocer rutinas familiares y datos personales; en su teléfono apareció un contacto sin registrar identificado como “La mafia no juega”.

Los mensajes incluyeron fotografías de armas y advertencias directas: “Sabemos todo, dónde estudian tus nietas, tu hijo, el carro, la moto”, decían los primeros textos. La víctima, atemorizada por la seguridad de sus familiares, depositó 20 dólares en la cuenta que le indicaron, pero al persistir las exigencias decidió acudir a la Policía.

Agentes llegaron al domicilio del titular de la cuenta, en la cooperativa Néstor Vera. Allí se identificó que el cuñado del afectado —según la investigación, Víctor Alfonso Goyes Avendaño— había solicitado usar la cuenta; ambos convivían en la misma vivienda. Goyes reconoció pedir la cuenta prestada y admitió conocer a los miembros de la familia. En su teléfono se encontraron mensajes extorsivos, por lo que los policías retuvieron el dispositivo. El titular de la cuenta y Goyes fueron detenidos y, durante la audiencia de flagrancia, el juez aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para ambos.

Segundo caso: La Prosperina y pruebas en video

El segundo proceso comenzó el 2 de octubre de 2026, cuando un hombre recibió mensajes con videos en los que aparecía un sujeto con el rostro cubierto. En las grabaciones se nombraba al destinatario, se mostraban supuestos seguimientos a sus hijos al ir a la escuela y se amenazaba con atentar contra su vida y la de sus allegados si no pagaba 8.000 dólares.

El 11 de octubre, la víctima entregó 150 dólares mediante efectivo móvil; las intimidaciones continuaron y, por miedo, la persona entregó otros 30 dólares tras insistencias. La víctima solicitó grabaciones de cámaras de seguridad de las zonas donde decía haber sido seguido y, con las imágenes, logró identificar la matrícula del vehículo utilizado. Con esa información acudió a la Policía, que el 4 de noviembre aprehendió a dos sospechosos: Wilson Eduardo Tello Borja, quien aparece en las grabaciones, y Ángel Santiago Sumba Miranda, identificado por la víctima como hijo de su madrina.

Durante el operativo, los agentes incautaron tres teléfonos celulares, una cortina roja con franjas verdes que coincidía con el fondo de los videos y un buzo gris con mangas negras que vestía el sujeto en las grabaciones. También se retuvieron dos vehículos, entre ellos el que presuntamente se utilizó para los seguimientos. El juez igualmente ordenó prisión preventiva para ambos imputados.

Qué dicen los expertos y la Fiscalía

Kléber Carrión, exjefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), explicó que el acceso a información privada es una ventaja clave para quienes extorsionan: “Las extorsiones, cuando son un poco estructuradas, siempre tienen acceso a una de las personas que está en su círculo íntimo”, afirmó. Carrión advirtió que datos sobre bienes, relaciones sentimentales y conflictos familiares facilitan el trabajo de intimidación y recomendó extremar las precauciones en el manejo de información dentro del entorno.

El fiscal César Peña recordó el marco legal aplicable: el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la extorsión con penas de tres a cinco años. Sin embargo, la sanción aumenta a cinco a siete años cuando intervienen familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, empleados o personas de confianza que aportan información sobre bienes y rutinas. Si el delito se comete de forma periódica (vacunas) o incluye lesiones o secuestro, la pena puede llegar de siete a diez años.

Cómo actuaron las autoridades y cuáles son las pruebas

En ambos casos la investigación siguió una línea similar: la víctima denunció, la Policía recopiló evidencias digitales y físicas, y la Fiscalía solicitó medidas cautelares. Entre los indicios aportados están:

  • Mensajes de texto y registros de llamadas con amenazas.
  • Fotografías y videos enviados por los presuntos extorsionadores.
  • Dispositivos electrónicos incautados (teléfonos celulares).
  • Objetos vinculados a las grabaciones (cortina y prenda de vestir en el segundo caso).
  • Identificación de matrículas y retención de vehículos relacionados con los seguimientos.

Estos elementos permitieron a los agentes individualizar a los sospechosos y sostener la petición de prisión preventiva ante el juez.

Impacto y recomendaciones prácticas

Los episodios evidencian un patrón: la fuente de información muchas veces está dentro del círculo íntimo de la víctima. Por ello, los especialistas y las autoridades recomiendan:

  • Limitar la difusión de datos sensibles dentro del entorno familiar y laboral.
  • Revisar permisos y accesos en cuentas bancarias y en aplicaciones de mensajería.
  • Evitar compartir ubicaciones y rutinas en redes sociales o chats masivos.
  • Si se recibe una amenaza, denunciar de inmediato a la Policía y preservar pruebas (mensajes, audios, videos).
  • No realizar pagos adicionales sin la orientación de las autoridades.

Qué sigue en los procesos judiciales

Con la prisión preventiva ordenada para los cuatro detenidos, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la formulación de cargos. Las audiencias siguientes determinarán si se presenta acusación formal y, eventualmente, la apertura del juicio oral. Las penas estarán enmarcadas en el COIP y podrían agravarse si se demuestra la participación de personas de confianza o la reiteración del delito.

Pronóstico institucional

Las detenciones y las medidas cautelares enviadas por la Fiscalía buscan desincentivar la práctica de las extorsiones que recurren a la complicidad interna. Sin embargo, los expertos subrayan que la prevención pasa también por controles en bancos, empresas de mensajería y la concienciación familiar.

FAQ

¿Qué constituye extorsión según el COIP?

La extorsión es exigir dinero u otros bienes mediante amenazas. El artículo 185 del COIP determina penas de tres a cinco años, con incrementos si participan familiares o personas de confianza.

¿Qué deben hacer las víctimas al recibir amenazas?

Denunciar de inmediato ante la Policía, conservar todos los mensajes y pruebas multimedia, y no efectuar pagos sin la guía de las autoridades.

¿Por qué la participación de un familiar agrava la pena?

Porque facilita el acceso a información íntima (rutinas, bienes, parientes), lo que eleva el riesgo para la víctima y demuestra abuso de confianza; el COIP aumenta la pena cuando participan hasta el cuarto grado de consanguinidad o personas de confianza.

¿Pagar disminuye el riesgo de daño?

Los especialistas y la Policía recomiendan no ceder ante las extorsiones: los pagos suelen prolongar las exigencias. Denunciar y coordinar con la autoridad es la vía más segura.

¿Qué tipo de pruebas suelen ser determinantes en estos casos?

Mensajes, llamadas, grabaciones de video, dispositivos electrónicos, registros bancarios y testimonios que permitan vincular a los sospechosos con las amenazas.

¿Cómo proteger la información dentro del entorno familiar?

Limitar el acceso a cuentas, cambiar contraseñas, no compartir datos sensibles por mensajes y revisar permisos de aplicaciones y cuentas bancarias.