María Fernanda Guillén ha sido propuesta como la candidata principal para asumir la Alcaldía de Quito durante la licencia de 15 días que tomará Pabel Muñoz con motivo de su campaña electoral. Esta decisión se produce luego de que el Concejo Metropolitano de Quito aprobara una reforma que facilita la elección de un sustituto temporal en situaciones similares.
La actual vicealcaldesa, Fernanda Racines, anunció que Guillén fue la opción que alcanzó un consenso entre las alternativas consideradas para ocupar la Vicealcaldía y, posteriormente, la Alcaldía subrogante. Este cambio será sometido a votación del Concejo en una sesión extraordinaria programada para el viernes 6 de noviembre a las 15:30.
Reforma del Código Municipal
La reforma al Código Municipal, aprobada el 5 de noviembre con 16 votos a favor, establece un mecanismo para elegir a un vicealcalde o vicealcaldesa cuando tanto el alcalde como la vicealcaldesa se encuentren ausentes simultáneamente debido a licencias por campañas electorales. Anteriormente, no existía un procedimiento específico para gestionar esta doble ausencia.
La modificación permite que el Concejo Metropolitano elija a quien ocupará la Vicealcaldía mediante mayoría absoluta, lo que implica el apoyo de más de la mitad de sus integrantes. En este contexto, y bajo el principio de paridad de género, la nueva vicealcaldesa asumirá también la Alcaldía subrogante mientras dure la ausencia de Pabel Muñoz.
Garantizar la continuidad administrativa
La reforma busca prevenir un vacío institucional y asegurar la continuidad de la administración municipal durante el periodo electoral. Durante el debate, se discutió la propuesta presentada por el concejal Bernardo Abad sobre el Proyecto de Ordenanza Reformatoria del Código Municipal del Gobierno Abierto.
La edil Analía Ledesma destacó que la iniciativa pretende fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en Quito a través de cinco ejes: Planes de acción plurianuales, Participación ciudadana, Seguimiento de las obligaciones municipales, Transparencia de la gestión del Concejo, y Acceso público a convocatorias, sesiones, votaciones, procesos de fiscalización y aprobación de ordenanzas. Además, propone fortalecer el papel del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.
Un debate sobre la suplencia
El debate también incorporó observaciones sobre la necesidad de establecer un mecanismo de suplencia de la Vicealcaldía cuando coincidan las licencias electorales del alcalde y de la vicealcaldesa. "Aquí no se trata de nombres, partidos ni intereses electorales. Se trata de Quito, de sus instituciones y de los ciudadanos que necesitan una administración municipal que funcione con reglas claras", afirmó Ledesma.
Citas a la Constitución y al Cootad
Ledesma también aludió a los artículos 226 y 227 de la Constitución, que tratan sobre las competencias y principios que rigen la administración pública, así como al artículo 92 del Cootad, el cual establece las reglas de subrogación del alcalde metropolitano.
FAQs
¿Por qué se eligió a María Fernanda Guillén?
María Fernanda Guillén fue elegida por consenso entre los miembros del Concejo Metropolitano para asumir temporalmente la Alcaldía de Quito durante la licencia de Pabel Muñoz.
¿Qué implica la reforma aprobada por el Concejo?
La reforma permite elegir a un vicealcalde o vicealcaldesa cuando el alcalde y la vicealcaldesa se ausenten simultáneamente por motivos electorales, asegurando así la continuidad administrativa.
¿Cuándo se llevará a cabo la votación para la designación de Guillén?
La votación para la designación de María Fernanda Guillén se realizará en una sesión extraordinaria del Concejo programada para el viernes 6 de noviembre a las 15:30.
¿Qué busca la iniciativa de Gobierno Abierto?
La iniciativa de Gobierno Abierto busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en Quito mediante la creación de planes de acción y el seguimiento de las obligaciones municipales.
¿Cómo afecta la reforma a la gestión del Concejo?
La reforma fortalece la gestión del Concejo al permitir una mayor transparencia y acceso público a sus procesos, garantizando así un gobierno más participativo y abierto.
